Los retos del jurista contemporáneo son cada vez más numerosos y debe adaptarse a los cambios tecnológicos e incorporar a su quehacer habitual herramientas que hace apenas unos años parecían impensables. Buena muestra de esta transformación es la irrupción de la IA, que promete cambiar profundamente el trabajo de los juristas, aunque todavía desconocemos hasta qué punto lo logrará. Pero la transformación tecnológica no es el único desafío: en un mundo tan interconectado, el jurista debe conocer otros ordenamientos jurídicos y desenvolverse en contextos cada vez más complejos
Los retos son numerosos. Sin embargo, no podemos olvidar que, parafraseando al poeta Pedro Salinas, el jurista solo se conocerá, se dará a conocer, difundirá sus conocimientos jurídicos y descubrirá los límites del Derecho con un grado avanzado de dominio de la lengua escrita y oral. Este desafío lingüístico es previo a los anteriores.
Ulpiano afirmó en el siglo III d. C. que «la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar [conceder] a cada uno su derecho». Para alcanzar ese ideal de justicia, el experto en Derecho ha recurrido siempre al lenguaje como una de sus principales herramientas. El abogado, el fiscal, el juez, el notario y, en general, el operador jurídico deben dominar el lenguaje, porque de su correcta expresión depende, en muchos casos, la justa solución de los problemas (Jiménez-Yáñez, 2016: 16)».
El lenguaje claro
Desde hace décadas, en los países hispanohablantes ha cobrado impulso el uso del lenguaje claro (Jiménez-Yáñez, 2016; Montolío y Tascón, 2020; Da Cunha, 2022; Meza, P. y Díaz-Iso 2025; Retegui y Rocca, 2024; De Prada, 2024). Esta realidad contribuye a que se siga promoviendo la adquisición de la competencia comunicativa en los ámbitos jurídicos y administrativos.
En esta línea, es importante conectar esta novedad con la tradición milenaria en lengua española de escribir y hablar bien, que se remonta y hunde sus raíces en textos fundamentales como el Fuero Juzgo y las Partidas de Alfonso X el Sabio, nada menos (Jiménez-Yáñez & Giner, 2023; Jiménez & Pérez-Vargas, 2025). En nuestra lengua, se escribía en lenguaje claro desde hace siglos.
La formación jurídica
En los países de habla española, la competencia comunicativa se empieza a adquirir en la educación primaria y secundaria. Es más, en ese periodo educativo se debería adquirir con solvencia. Y se debería perfeccionar en la Universidad y también en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, la realidad dista con frecuencia de ese ideal.
Diversos estudios destacan la formación que reciben los estudiantes de Derecho en las facultades españolas (González Salgado, 2017; Carretero, 2017) y de Hispanoamérica (Meza y González-Arias, 2025) así como las posibilidades de impartir la enseñanza del Derecho desde una perspectiva más amplia y dinámica (Beltrán Montoliu, 2026). Aunque estas iniciativas resultan encomiables, su presencia sigue siendo limitada.
En este contexto, la versatilidad de las universidades online permite ofrecer asignaturas y seminarios transversales de comunicación escrita y oral a todos los estudiantes de grado, también a los de Derecho. Un ejemplo son los seminarios Berceo de la escuela de Humanidades de UNIR, entre los que destacan: «Comunicación eficaz: supera tus restos», «Claridad y precisión en la escritura jurídica: claves para una comunicación eficaz», «Oratoria y puesta en escena», «Taller de debate» y «El español actual: usos y normas de la lengua».
Por tanto, la enseñanza de la competencia comunicativa debe seguir potenciándose. Saber Derecho no es suficiente; también es necesario saber explicarlo.
Sinergia entre despachos de abogados, la Universidad y otras instituciones
De la colaboración entre distintas instituciones para impulsar el uso del lenguaje claro cabe destacar la publicación del Diccionario del español jurídico (2016) y del Libro de estilo de la Justicia (2017), fruto de la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Real Academia Española (RAE). Ambas iniciativas constituyen referencias relevantes que fundamentan la enseñanza de la competencia comunicativa en el ámbito jurídico.
Ahora bien, esa colaboración quedará reforzada si se enseña el buen uso del lenguaje jurídico a los jueces desde el inicio y a lo largo de su ejercicio profesional (Jiménez-Yáñez y Sancho Gargallo, 2021), sin olvidar que el protagonismo de las resoluciones judiciales en el buen uso del lenguaje jurídico corresponde principalmente al Tribunal Supremo, al generar jurisprudencia. De hecho, el buen empleo del lenguaje ha sido protagonista de una sentencia reciente (STS, Sala de lo Penal, 469/2026) de ese tribunal cuyo ponente fue el Magistrado Antonio del Moral: el hecho probado presentaba problemas de comprensión derivados de un uso confuso e incorrecto del gerundio y eso permitió estimar el recurso de casación.
En los despachos de abogados, no sorprende que se interesen por la escritura de sus empleados, pero sí que promuevan actividades para mejorar esa competencia. Pues bien, en un capítulo exploramos cómo algunos prestigiosos despachos de abogados españoles contribuyen a la formación en comunicación escrita y oral de sus letrados (Jiménez-Yáñez & Giner, 2023). Un camino que podrían seguir otros.
La mejora de la competencia comunicativa requiere la colaboración de universidades, instituciones públicas y despachos profesionales. Algunas facultades de Derecho han comenzado a incorporar programas específicos orientados al desarrollo de habilidades de comunicación jurídica. Especialmente destacable es la labor desarrollada por el Centro de Estudios Garrigues, que ha impulsado diversas publicaciones y proyectos centrados en la mejora de la expresión escrita y oral de los juristas. Los tres volúmenes publicados sobre lenguaje jurídico y comunicación constituyen una muestra significativa de esta apuesta formativa (De Prada, 2021, 2024, 2025).
A esta labor se suman iniciativas de intercambio académico y profesional como la International Conference on Legal Language and Communication, que reúne periódicamente a juristas, lingüistas y especialistas en comunicación para debatir sobre los retos actuales del lenguaje jurídico. Estos espacios permiten compartir experiencias y buenas prácticas, favoreciendo la construcción de una auténtica cultura de la claridad en el ámbito jurídico.
Como ha señalado Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, «el Derecho sirve para poner límites y los límites deben estar claros. La claridad da sentido al trabajo del abogado». La afirmación resume una idea fundamental: la claridad no es únicamente una cuestión estilística, sino una exigencia inherente a la función jurídica. Cuando el lenguaje es oscuro, los límites que establece el Derecho también pueden resultar difusos; cuando es claro, contribuye a reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos.
Hacia una justicia más accesible
A mediados del siglo XIX, saint John Henry Newman proponía que «escribir es una manera superior a cualquier otra de estimular las facultades mentales, el talento lógico, la originalidad, la capacidad de ilustración y la articulación de los temas».
En los inicios del siglo XX, más de un siglo después, Jeff Bezos, el conocido creador de Amazon, ha insistido igualmente en la importancia de la escritura como herramienta decisiva para el éxito profesional. Ambos coinciden, desde perspectivas muy diferentes, en una misma idea: pensar y escribir bien son actividades inseparables.
Solo si esa competencia comunicativa se enseña y se fomenta en todas las etapas educativas y profesionales será posible que todos nos entendamos y comprendamos mejor y que la justicia cumpla su cometido. Una justicia que se entiende mejor es también una justicia más accesible, más transparente y más cercana a los ciudadanos.
